Llegados a este punto, casi que me doy un bofetón cuando me di cuenta que le estaba dando la razón a la insigne alcaldesa de Madrid cuando vino a decir que los parados “mientras estén en esa situación y cobren por ello, deberían dedicarse a prestar trabajos a la comunidad”. Y efectivamente estoy de acuerdo, pero no para realizar tareas de mantenimiento de jardines y parques, limpieza de calles y otros menesteres propios de la laboralidad remunerada, sino a aquellos que de verdad redunden en beneficio de TODA, TODA la comunidad de personas que vivimos en este país y que por efectos de esta grave crisis nos vemos en la obligación de prescindir de derechos y estado del bienestar. Me refiero a que seguro que entre los cinco millones de parados hay personas con formación adecuada para dedicarle cuatro o cinco horas diarias al control del gasto, por ejemplo, realizando inspecciones en empresas que reciben subvenciones millonarias con la hipotética premisa de la creación de empleo estable. Y que estas inspecciones sean rigurosas y acorde a ley, de modo que si no se cumplen los requisitos que establece la norma, se corte el grifo de dinero público y se sancione convenientemente.
No estoy basándome en hipótesis crispadas o motivadas por ningún afán ni político, ni personal, pero puedo afirmar que el 90 por ciento de las subvenciones que el estado, autonomías y Europa concede a empresas para la creación de empleo y el mantenimiento de la población en su territorio son fallidas, y no porque la empresa que lo recibe no lo gaste, que sí, que sí lo gasta, sino porque no se establecen con rigor, ni por parte de quien la concede, ni por parte de los sindicatos, a la postre veladores del trabajo y el empleo, los mecanismos de control adecuados para que produzcan el resultado deseado.
La realidad es que al cabo de muchos, muchísimos años, el sistema de las subvenciones a empresas ha fracasado estrepitosamente por la falta de control y rigor en sus concesiones, y ello ha contribuido a que el paro en nuestra tierra no solo se haya estabilizado, sino que ha ido creciendo paulatinamente.
Por ello le doy la razón (y que no sirva de precedente) a Doña Ana Botella: que los parados se dediquen a controlar los cientos de miles de millones de euros que las empresas reciben para creación de empleo. Seguro que con este trabajo de inspección ganan todos: los inspectores, que pondrán todo su empeño en que se cumplan las normas, y los inspeccionados, que se cuidarán mucho de desviar un solo euro a algo que no sea el beneficio empresarial (que no del empresario) y la creación de empleo de calidad.
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