Siempre se nos ha mostrado La Justicia a los ciudadanos (me repatea tener que emplear el término ciudadanos, porque es lo mismo que hacen los políticos para dirigirse a las personas, ¡como si ellos hubieran perdido ese estatus!) como una figura mítica, dogmática, que se representa con los ojos vendados simbolizando que es tan pura que no le hace falta ver para ejercer su tarea, puesto que es tan imparcial y perfecta que solo basta con su definición para comprender que el sentido de la vista está de sobras: “La justicia (del latín, Iustitia) es la concepción que cada época y civilización tiene acerca de la equidad y de la búsqueda del bien común. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones”. He de añadir además que para que exista una regulada y controlada administración de ésta, La Justicia, también se establecen Códigos, que son elementos anexos y vinculados perennemente a ella, y que la sociedad también determina como norma para corregir y sancionar aquellas conductas que no cumplen las leyes establecidas.
Pues en este contexto es en el quiero manifestar esta reflexión, a colación del informe de auditoría que ha emitido la empresa Cefisa Auditores, S.L. respecto a determinadas partidas presupuestarias del Excelentísimo Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo durante los años 2005 a 2007. E insisto que lo hago en el contexto de “justicia” porque mi experiencia profesional me ha hecho comprender que en la empresa privada, cuando los informes de auditoría ponen de manifiesto que se va en contra de ley en determinadas actitudes contables o en comportamientos empresariales manifiestamente irresponsables, solo hay dos opciones:
1. Modificar y corregir estas prácticas y conductas ilícitas en un ámbito temporal no concluso de acuerdo a la legalidad vigente, o, como es el caso que relato,
2. Sufrir todo el peso de la ley y que sean éstas, las leyes, las que castiguen y sancionen lo que de manera expresa va en contra de lo convenido por la sociedad, o lo que es lo mismo, de lo que sale de lo legalmente establecido.
Pero como todo en esta vida, siempre hay un “pero”, y en el caso de la impartición de justicia para con las administraciones públicas, en este caso concreto, el de un Ayuntamiento, están por un lado las apreciaciones, los matices y si me aprietan, hasta el color, el olor y la percepción del alfabeto de aquel que la imparte, y que siempre, siempre son los jueces. Me explico: cuando hay una ley que se incumple, inmediatamente tiene que haber un recurso que lo sancione, pero no es el caso cuando es un Ayuntamiento, porque por arte de birli birloque, aquí La Justicia no es tan radical ni tan ciega. Me explico más aún: el informe de auditoría del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo no pone de manifiesto ni uno, ni dos, ni tres… sino muchos, muchos incumplimientos de la ley, como queda expresamente ostensible en éste, pero mucho me temo que, o bien porque no hay una persona física a la que imputar, o porque este mismo hecho es práctica habitual en este tipo de instituciones y los jueces se lo pasan por el forro, el caso es que los ciudadanos (vuelvo al palabro) estamos vendidos ante esta sarta de actitudes ilegales.
Cuando estoy escribiendo ésto, también estoy expectante de cómo reaccionará la oposición en nuestro Ayuntamiento frente a estas ilegalidades puestas de manifiesto en este informe, y por eso lo hago público sin conocer si actuarán en consecuencia, a pesar de que presumo que incluso llevándolas a un juzgado para que imparta justicia, ésta, La Justicia, no solo no será ciega, sino que además tendrá la suficiente vista como para que el caso quede sobreseído, dilatado eternamente a lo largo de los tiempos, o lo que es lo mismo, impune.
Y los ciudadanos de las narices, seguiremos preguntando que quién es ese maravilloso oftalmólogo que atiende a la Diosa de la Venda en los Ojos cuando de un Ayuntamiento se trata, y que no nos asiste a nosotros cuando nos salimos de madre.
Pues en este contexto es en el quiero manifestar esta reflexión, a colación del informe de auditoría que ha emitido la empresa Cefisa Auditores, S.L. respecto a determinadas partidas presupuestarias del Excelentísimo Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo durante los años 2005 a 2007. E insisto que lo hago en el contexto de “justicia” porque mi experiencia profesional me ha hecho comprender que en la empresa privada, cuando los informes de auditoría ponen de manifiesto que se va en contra de ley en determinadas actitudes contables o en comportamientos empresariales manifiestamente irresponsables, solo hay dos opciones:
1. Modificar y corregir estas prácticas y conductas ilícitas en un ámbito temporal no concluso de acuerdo a la legalidad vigente, o, como es el caso que relato,
2. Sufrir todo el peso de la ley y que sean éstas, las leyes, las que castiguen y sancionen lo que de manera expresa va en contra de lo convenido por la sociedad, o lo que es lo mismo, de lo que sale de lo legalmente establecido.
Pero como todo en esta vida, siempre hay un “pero”, y en el caso de la impartición de justicia para con las administraciones públicas, en este caso concreto, el de un Ayuntamiento, están por un lado las apreciaciones, los matices y si me aprietan, hasta el color, el olor y la percepción del alfabeto de aquel que la imparte, y que siempre, siempre son los jueces. Me explico: cuando hay una ley que se incumple, inmediatamente tiene que haber un recurso que lo sancione, pero no es el caso cuando es un Ayuntamiento, porque por arte de birli birloque, aquí La Justicia no es tan radical ni tan ciega. Me explico más aún: el informe de auditoría del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo no pone de manifiesto ni uno, ni dos, ni tres… sino muchos, muchos incumplimientos de la ley, como queda expresamente ostensible en éste, pero mucho me temo que, o bien porque no hay una persona física a la que imputar, o porque este mismo hecho es práctica habitual en este tipo de instituciones y los jueces se lo pasan por el forro, el caso es que los ciudadanos (vuelvo al palabro) estamos vendidos ante esta sarta de actitudes ilegales.
Cuando estoy escribiendo ésto, también estoy expectante de cómo reaccionará la oposición en nuestro Ayuntamiento frente a estas ilegalidades puestas de manifiesto en este informe, y por eso lo hago público sin conocer si actuarán en consecuencia, a pesar de que presumo que incluso llevándolas a un juzgado para que imparta justicia, ésta, La Justicia, no solo no será ciega, sino que además tendrá la suficiente vista como para que el caso quede sobreseído, dilatado eternamente a lo largo de los tiempos, o lo que es lo mismo, impune.
Y los ciudadanos de las narices, seguiremos preguntando que quién es ese maravilloso oftalmólogo que atiende a la Diosa de la Venda en los Ojos cuando de un Ayuntamiento se trata, y que no nos asiste a nosotros cuando nos salimos de madre.
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