¿Y ahora, qué debería pasar?

Hay un fundamento de derecho que yo creía conocer por enarbolado y repetido hasta la saciedad por aquellos que ejercen la abogacía y la magistratura, que es que “Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, pero parece ser que como en otras muchas y diversas ocasiones, me equivocaba.
Suponía, insisto, por haber tenido conocimiento a través de prensa, radio y televisión de multitud de casos judiciales y de lo cansino que resultaba y resulta oír una y otra vez el calificativo de “presunto” aplicado a cualquiera que incluso había sido detenido en plena comisión del delito que se le imputaba, o lo que es lo mismo, con las manos en la masa, que esta presunción de inocencia era un derecho fundamental, como lo es el trabajo, la vivienda digna o el no ser discriminado por razón de sexo, edad, raza o religión, y que formaba parte de lo propugnado en nuestra Carta Magna, de aplicación y obligado cumplimiento en todo el territorio español, pero no debe ser así.
No me refiero con esto a que se pueda cometer un error judicial, en el que por diversos motivos un juez toma una decisión errónea que conduce a un inocente a la cárcel, que también se da el caso, pero no, no me refiero a eso. Me refiero a que, por ejemplo, si a cualquier persona se le ocurre hablar mal de mí en el sentido de dejar caer malintencionadamente alguna cuestión que sin pruebas, sin datos, solo de oídas y de rumores, pueda suponer la comisión de un delito, me veo con las esposas puestas y en prisión preventiva hasta que pueda demostrar mi inocencia, o en el mejor de los casos, respondiendo con lo poco que tenga (sueldo o casa) como garantía de la cuantía que “presumiblemente” he defraudado. Sí, así es en determinadas circunstancias, tal como lo digo y a las pruebas me remito.
Rafael Muñoz, Manuel Díaz, y Antonio Triviño (q.e.p.d.), como Alcalde, Interventor y Tesorero respectivamente del Excmo. Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo han sido imputados de oficio en un pleito por malversación de fondos por el solo y único hecho de que un fiscal oyó las opiniones que vertieron en una emisora local y en un periódico provincial la actual Alcaldesa Luisa Ruiz y la que entonces era Concejala de Hacienda, María del Carmen Márquez, en base a un impreciso, falto de rigor y poco fiable informe de auditoria, como ahora se ha venido a demostrar. Por ello y sin que medie presunción alguna de inocencia, sino todo lo contrario, se han visto envueltas estas personas y sus herederos en un proceso judicial que ha durado cuatro años y por el que han tenido que poner sus bienes a disposición de los juzgados como garantía de embargo sobre las cantidades denunciadas en un delito que ya se presumía habían cometido. No solo han tenido que poner a disposición estas garantías ante los juzgados, sino que además han tenido que demostrar a motu-propio que hasta el último céntimo por el que se les acusaba estaba donde tenía que estar, con las justificaciones contables adecuadas (albaranes y facturas de entrada de materiales de almacén y por compras, servicios y obras), y con el refrendo de aquellos terceros, proveedores del Ayuntamiento, que los han facturado y cobrado y con las partidas presupuestarias a las que estos gastos han sido aplicados en base a los presupuestos municipales conocidos por toda la Corporación.
Todo ello por sus propios medios, sin más ayuda que su tesón, su interés en esclarecer tamaña barbaridad y con la pesada carga del malestar que todo este despropósito ha causado en el seno de sus familias, amigos y allegados, ocupando todo su tiempo disponible en esclarecer estos hechos y sus bolsillos particulares en pagar innumerables viajes, abogados, etc., etc. Además han visto como se mermaban sus capacidades para no abandonar esta tremenda lucha en la que se les había metido de manera malintencionada e imprudente y como se enfrentaban solos ante la jurisprudencia, acusados y sentenciados además por la opinión pública que otros se han venido preocupando con énfasis en incentivar, yo diría que con carácter enfermizo y obsesivo,.
Ahora, al cabo de cuatro años de angustia, de sufrimiento, de no vivir en paz ni siquiera contigo mismo, de que tu familia y todos aquellos que te quieren hayan sufrido hasta cotas de dolor inimaginable, de estar en boca de gente que te quiere mal y que te desea todo lo peor,… el fiscal dice alegremente que “retira los cargos” porque queda demostrado que no hay comisión de delito alguno y el juzgado competente da el caso por sobreseído… sin más… esto es todo.
Los millones que presumía la famosa auditoria estaban “desaparecidos en combate” han aparecido en su totalidad y queda demostrado fehacientemente su legalidad, sin embargo los informes que ésta emitió en su momento siguen diciendo lo mismo: que ellos no los encontraron y que como consecuencia no los habían podido auditar, cuestión que dio alas a que Alcaldesa y Concejala opinaran en prensa enfatizando sobre dónde estaba este dinero. Esto demuestra taxativamente la incompetencia, falta de rigor absoluto en sus apreciaciones y, fundamentalmente, que siendo responsables subsidiarios de los trabajos para los que se les contrata, se permitan hacer un informe en el que ni siquiera se preocupen en demostrar que aquellas partidas que SÍ habían encontrado fueran o no ciertas, por ejemplo, contrastando estos datos con proveedores y cualquier otra entidad por el cual figuraba este apunte contable en los estados financieros del Ayuntamiento.
Mi opinión particular, muy particular, es que esto estaba orquestado para que sucediera así por las tres partes contrarias a las personas imputadas: los que han vertido alegres y calumniosos comentarios en prensa y radio, los que han efectuado las denuncias en base a estas opiniones y, por supuesto, los que han elaborado ese informe de auditoria que ha sido el germen de toda esta argucia. Con lo que no contaban es que el honor y la honradez de los denunciados y sus familias han aplastado, no sin mucho, muchísimo sufrimiento, sus malvadas intenciones y han demostrado cómo la verdad ha de prevalecer frente a la mezquindad intencionada.
Lo peor de todo esto es que aún albergo la duda de lo que indicaba al principio de este relato, y que es que la “presunción de inocencia”, en este caso concreto, ha brillado totalmente por su ausencia y que cualquiera de nosotros podemos tener una experiencia tan atroz como esta siempre que haya alguien que se lo proponga.
Opino y exijo como ciudadano, que de oficio también, se inicie un procedimiento judicial que resarza a estas personas y sus familias del daño causado por esos falsos motivos que ahora han quedado esclarecidos y, por supuesto, con el mismo ímpetu y la misma determinación que a ellos les condujo a esta situación injusta, aunque pediría que a los “presuntos implicados” en éste se les presuma inocentes mientras no se demuestre lo contrario, por favor.