Ayer se celebró una jornada técnica en el hotel AC Córdoba Palacio en la que la Consejera de Agricultura, Clara Aguilera, vino a decir que de nuevo “caerán” una pila de billetes por estos lares andaluces, en concreto por las comarcas del Valle del Guadiato y Los Pedroches, en base a la nueva ley de Desarrollo Sostenible y durante el segmento temporal de entre 2010 y 2014, concretamente en torno a 36 millones de euros, es decir, unos 6 mil millones de pesetas.
Algunas de las consideraciones que la consejera barajó para explicar por qué estas dos comarcas cordobesas son las que de manera prioritaria han sido elegidas para estas nuevas acciones me hacen cabrear y me enervan, más que por la realidad manifiesta de éstas, que son evidentes, por la repetitiva contundencia con que se manifiestan, puesto que dan a entender que desde el principio de los tiempos es conocido el problema, así como también desde el principio de los tiempos y hasta ahora no ha habido arrestos para atajarlo. Entre otras perlitas dice la consejera que estas zonas son territorios con verdaderas y grandes dificultades, puesto que son las que tienen mayores problemas para fijar la población, así como más carencias en materia de infraestructuras.
Esto lo vengo yo escuchando desde tiempos inmemoriales, por boca de distinto/as consejeros/as, presidentes de la Junta de Andalucía, directores/as generales de ministerios y hasta por sus respectivos secretarios generales de gabinetes técnicos. Y además de escucharlo (que en este caso sería el diagnóstico), también vengo percibiéndolo porque, entre otras cosas, yo vivo aquí y tengo la posibilidad de poder comparar con otras zonas que también conozco y en las que también se han emprendido actuaciones correctoras, salvo que con la diferencia de que en estos territorios, o bien las acciones han sido contundentes y correctas porque antes de ejecutarlas han analizado a fondo los problemas, o bien porque las propias administraciones públicas, con su propia inversión, han sido los semilleros de riqueza que hacía falta establecer para solventar las carencias.
En ningún caso esto por aquí ha sucedido, justo al revés: ha llegado dinero a raudales, pero sin control, orden ni concierto, con lo que se puede afirmar sin temor a equivocarse que más que inversión ha sido derroche; por otro lado la intervención pública ha brillado absolutamente por su ausencia, más bien ha ido suavemente difuminándose en el tiempo, hasta el punto de que en más de una ocasión ha habido que pelear por no perder los pocos servicios públicos que ya existían, pero que a la larga desaparecieron.
La cuestión es que los propios agricultores, representados por las organizaciones agrarias de mayor alcance, que son los que van a sentirse directamente afectados de lleno por esta nueva ley, ya han puesto de manifiesto ciertas sospechas que por sus experiencias anteriores les surgen de manera espontánea, como por ejemplo que estos fondos sean independientes de otras actuaciones, que las medidas recogidas en la ley no encorseten la actividad agraria y ganadera, que la gestión sea ágil y rápida en los procesos de concesión de ayudas y la falta de infraestructuras y accesibilidad a muchas fincas, debido fundamentalmente a la farragosa normativa ambiental.
Y es aquí donde también me gustaría enfatizar, porque o mucho me equivoco, o esta ley, al menos en la comarca del Valle del Guadiato, se va a encontrar frontalmente con otra normativa legal que a priori prohíbe todo lo que la anterior intenta activar, como es la creación de infraestructuras, implantación de las energías renovables, modernización de las explotaciones y un largo etcétera: me refiero a la famosa ZEPA y a sus apadrinadas, mis amigas la avutardas, que entre otras cosas importantes explicita que las medidas de intervención en estos territorios deberán ser en todo caso compatibles con la conservación de los hábitats de las especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y presentes en las ZEPA declaradas.
En cualquier caso, espero que esta última ley no quede en agua de borrajas, aunque no sería la primera vez, y además en esta ocasión… con las AVUS hemos topado.
Algunas de las consideraciones que la consejera barajó para explicar por qué estas dos comarcas cordobesas son las que de manera prioritaria han sido elegidas para estas nuevas acciones me hacen cabrear y me enervan, más que por la realidad manifiesta de éstas, que son evidentes, por la repetitiva contundencia con que se manifiestan, puesto que dan a entender que desde el principio de los tiempos es conocido el problema, así como también desde el principio de los tiempos y hasta ahora no ha habido arrestos para atajarlo. Entre otras perlitas dice la consejera que estas zonas son territorios con verdaderas y grandes dificultades, puesto que son las que tienen mayores problemas para fijar la población, así como más carencias en materia de infraestructuras.
Esto lo vengo yo escuchando desde tiempos inmemoriales, por boca de distinto/as consejeros/as, presidentes de la Junta de Andalucía, directores/as generales de ministerios y hasta por sus respectivos secretarios generales de gabinetes técnicos. Y además de escucharlo (que en este caso sería el diagnóstico), también vengo percibiéndolo porque, entre otras cosas, yo vivo aquí y tengo la posibilidad de poder comparar con otras zonas que también conozco y en las que también se han emprendido actuaciones correctoras, salvo que con la diferencia de que en estos territorios, o bien las acciones han sido contundentes y correctas porque antes de ejecutarlas han analizado a fondo los problemas, o bien porque las propias administraciones públicas, con su propia inversión, han sido los semilleros de riqueza que hacía falta establecer para solventar las carencias.
En ningún caso esto por aquí ha sucedido, justo al revés: ha llegado dinero a raudales, pero sin control, orden ni concierto, con lo que se puede afirmar sin temor a equivocarse que más que inversión ha sido derroche; por otro lado la intervención pública ha brillado absolutamente por su ausencia, más bien ha ido suavemente difuminándose en el tiempo, hasta el punto de que en más de una ocasión ha habido que pelear por no perder los pocos servicios públicos que ya existían, pero que a la larga desaparecieron.
La cuestión es que los propios agricultores, representados por las organizaciones agrarias de mayor alcance, que son los que van a sentirse directamente afectados de lleno por esta nueva ley, ya han puesto de manifiesto ciertas sospechas que por sus experiencias anteriores les surgen de manera espontánea, como por ejemplo que estos fondos sean independientes de otras actuaciones, que las medidas recogidas en la ley no encorseten la actividad agraria y ganadera, que la gestión sea ágil y rápida en los procesos de concesión de ayudas y la falta de infraestructuras y accesibilidad a muchas fincas, debido fundamentalmente a la farragosa normativa ambiental.
Y es aquí donde también me gustaría enfatizar, porque o mucho me equivoco, o esta ley, al menos en la comarca del Valle del Guadiato, se va a encontrar frontalmente con otra normativa legal que a priori prohíbe todo lo que la anterior intenta activar, como es la creación de infraestructuras, implantación de las energías renovables, modernización de las explotaciones y un largo etcétera: me refiero a la famosa ZEPA y a sus apadrinadas, mis amigas la avutardas, que entre otras cosas importantes explicita que las medidas de intervención en estos territorios deberán ser en todo caso compatibles con la conservación de los hábitats de las especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y presentes en las ZEPA declaradas.
En cualquier caso, espero que esta última ley no quede en agua de borrajas, aunque no sería la primera vez, y además en esta ocasión… con las AVUS hemos topado.
